La decidida política implementada por el Gobierno provincial para recuperar las tierras fiscales tomadas por particulares ha tenido un impacto significativo en todo el territorio tucumano y ha sacado a luz asuntos complejos que, por diferentes circunstancias, se habían enquistado en nuestro medio. Por ahora se ha visibilizado la liberación de predios en El Mollar y en la Quebrada del Portugués y el desenvolvimiento hacia soluciones de los conflictos judiciales en La Quebradita, en Tafí del Valle, así como la compleja trama de los terrenos ocupados en 300 hectáreas de El Cadillal, en donde sólo dos de los 18 barrios están en condiciones regulares.
No cabe duda de que la creación de un área para que la Fiscalía de Estado comience a trabajar, hace poco menos de un año, en la recuperación de los terrenos fiscales ha derivado en hechos concretos como ha sido la recuperación de terrenos en la Reserva La Angostura y en el debate instalado ahora en La Quebradita. Esa acción oficial ha impactado también en la Justicia y ha empujado hacia la resolución de causas que llevaban varios años.
Asimismo, la investigación hacia adentro del Estado ha llevado a la eliminación de una oficina que se encuentra bajo sospecha de haber hecho negocios con la autorización para la ocupación de terrenos, y ha abierto la necesidad de establecer controles estrictos sobre la entrega de predios con diversos fines, entre ellos sociales y culturales, en cuestiones de las que el Estado no puede hacerse cargo pero considera importante la participación de privados. Eso debe hacerse con protocolos claros y revisión constante de lo que se hace, para evitar irregularidades y desviaciones.
Es evidente que había un espacio ambiguo que había dado lugar a que se produjeran las ocupaciones y eso lo muestra cabalmente lo sucedido en El Cadillal, a tal punto que el Gobierno debió gestionar un estudio profundo para entender y resolver esta situación. También la falta de culminación del propósito de la 26.160, conocida como la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que debía resolver en pocos años a partir de 2006 la problemática de las comunidades aborígenes, ha derivado en conflictos sobre la propiedad que el Gobierno provincial parece dispuesto a resolver en busca de situaciones claras.
Ese espacio ambiguo, además, estaba visto en la incertidumbre con que actuaban los funcionarios en las comunas -en estos meses han recibido capacitación para tener reglas claras de acción y ahora la Legislatura aporta un protocolo al respecto- y la dificultad para actuar legalmente que había hasta que se crearon las fiscalías correspondientes.
No sólo el Estado provincial ha padecido esta situación. También la Universidad Nacional de Tucumán se encuentra en ardua tarea de recuperar predios ocupados dentro de su parque Sierra de San Javier, luego de haber siso sorprendida con esas tomas por una actitud en cierto modo indolente. A pesar de tener este terreno desde 1948, sólo pudo escriturarlo en 2024 y aún le falta resolver los conflictos judiciales en Las Tipas y en “Las Pirámides”. Bueno es saber que habría que tener control y previsión del patrimonio antes de que se llegue a las instancias judiciales, que suelen demorar mucho tiempo antes de dar una solución.